Esta autopista será así la primera de todas las carreteras de alta capacidad construidas en España en régimen de concesión que revierta al Estado y suprima su peaje.
El Ministro aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para ratificar su disposición a no prorrogar los tres contratos de concesión de autopistas que vencen en la presente legislatura.
Además de la AP-1 (Burgos-Armiñón), también concluyen los del tramo de la AP-7, entre Tarragona, Valencia y Alicante y el de la AP-4, Sevilla-Cádiz, ambas del grupo Abertis y que en ambos casos, vencen en diciembre de 2019.
Ábalos aún no ha informado sobre cómo se acometerá el mantenimiento de la AP-1 a partir del día 30.
El grupo Itínere actualmente negocia un expediente de regulación de empleo (ERE) para la totalidad de los 111 trabajadores de la autopista.
También insistió en la necesidad de diseñar un sistema para financiar el coste que anualmente supone mantener la red de casi 11 vías con que cuenta España, que según dijo, "es la única infraestructura de transporte que se pretende gratuita, cuando ninguna lo es".
"En el caso de los aeropuertos y puertos, se pagan tasas, en las vías del tren se pagan cánones, pero en las carreteras no contribuye ninguno de los agentes que las utilizan y por lo tanto, las causan daño", ha manifestado.
Llamó a diseñar una fórmula para garantizar el coste que supone mantener la red de vías "sea el que sea", remarcó en referencia a las distintas opciones que se pueden barajar, entre las que figura el pago por uso, tal como reclaman las patronales de constructoras y concesionarias y se hace en algunos países europeos.
El Ministro pretende que este nuevo modelo de financiación de la sostenibilidad de las carreteras surja de un consenso entre las principales formaciones políticas. Para ello, el grupo socialista promueve una Subcomisión en el Congreso.
Ante este debate, Ábalos se limitó a apuntar que el nuevo sistema debe ser "igualitario para todo el país, sin que incluya discriminaciones entre territorios" por cuestiones de tasas o peajes, tal como pasa ahora con los 2.550 kilómetros de autopistas de peaje, "concentrados en determinados territorios" donde pagan dos veces los "contribuyentes que las usan".