El Gobierno ha preferido no meterse en polémicas y ha dejado en manos del Consejo de Estado la decisión de limitar los aforamientos políticos. Para ello, no se presentará un anteproyecto de ley, sino que ha encomendado al máximo órgano consultivo la decisión, presidido por la socialista María Teresa Fernández de la Vega. No obstante, han dejado claro que la figura del Rey es "inviolable e importante porque es el jefe de Estado". El Ejecutivo considera que se garantiza la "calidad democrática y jurídica" de esta medida al dejar la decisión en manos del Consejo de Estado. Así lo ha anunciado la portavoz y ministra de Educación, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El equipo de Sánchez quiere eliminar los aforamientos que tengan todos los políticos durante su actividad laboral al desempeñar un cargo público. Esta reforma no incluirá a las fuerzas de seguridad ni al Rey. Esta necesita de un consenso parlamentario con el que, por ahora, no cuenta. No obstante, la portavoz se ha mostrado optimista y ha dicho que "las fuerzas políticas no tienen por qué tener a priori un veto".
La oposición no se ha mostrado a favor de la propuesta socialista. El PP ya ha anunciado que no apoyará la medida, e incluso Podemos ha advertido a Sánchez en caso de que se acabase con el aforamiento del Rey. No obstante, Celaá ha asegurado que cuestionar el aforamiento de Felipe VI "no entra en este paquete de medidas". Si se elimina el aforamiento del monarca, se disolverían inmediatamente las Cortes Generales y los españoles estarían convocados en unas nuevas elecciones generales.