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Detienen en Arroyomolinos al primer alcalde de Ciudadanos investigado por corrupción

El primer alcalde de Ciudadanos implicado en un caso de corrupción, Carlos Ruipérez, en una acto con menores.

La Policía Nacional ha intervenido durante toda la mañana decenas de ayuntamientos de Madrid, Cataluña y León bajo la denominada operación Enredadera. En la macrooperación anticorrupción podrían estar implicados alcaldes, concejales, técnicos municipales, empresarios e incluso policías locales que habrían adjudicado contratos adminsitrativos a Aplicaciones Gespol, filial del grupo Sacyr. Con la excusa de colocar semáforos, la empresa habría manipulado los datos de tráfico para explicar la colocación de radares donde no hacía falta y, por lo tanto, recaudar una cantidad de dinero extra. Entre los detenidos se encuentra el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, el primer militante de Ciudadanos implicado en un caso de corrupción. No obstante, aparte del partido naranja, en esta trama corrupta estarían implicados políticos locales del PSOE y PP. 

Solamente en Cataluña ha habido 49 registros en ayuntamientos y despachos. Además, se han requerido 19 veces documentación de diferentes consistorios del país. A pesar de que se preveen más de 40 detenciones, se ha detenido al empresario José Luis Ulibarri, implicado en la Gürtel. Un asesor de Ciudadanos en la Diputación de Castilla y León, Sadat Maraña, también ha sido detenido. 

La operación Enredadera no ha acabado. Está dirigida por el juzgado de Badalona en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y contra el crimen organizado. El juez ha autorizado más registros en los Ayuntamientos de Alcobendas, Parla, Pinto, Villanueva de la Cañada, palencia, Torrelodones, Mollet del Vallés, Fuenlabrada, Huesca o León. A todos los detenidos, los que permanecen en comisaría y los que serán privados de libertad, se les acusa de delitos de prevaricación administrativa, cohecho, malversación de caudales públicos, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, fraude a la administración pública y falsedad documental.

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