Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han iniciado a primera hora de este jueves un amplio despliegue policial en Barcelona que incluye la entrada y registro en la sede de la Diputación de Barcelona, en varias sedes de la Generalitat y en empresas y entidades sin ánimo de lucro de Barcelona, Tarragona y Girona. Está prevista una treintena de detenciones, de la que ya se han practicado 18, según fuentes de la investigación. Además, hay un aforado presuntamente implicado. El dispositivo, bautizado como Operación Estela, busca recabar documentación sobre el supuesto desvío de 10 millones de euros de fondos públicos destinados a programas de ayuda a la cooperación y el desarrollo, parte de los cuales acabaron siendo utilizados presuntamente en la financiación del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, según confirman a EL PAÍS fuentes de la investigación.
En los registros —hay una veintena previstos, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)— participa cerca de medio millar de agentes, parte de los cuales se han desplazado desde Madrid. La investigación, declarada secreta, está dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona. A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.
La investigación se centra en rastrear el destino final de determinadas subvenciones de la Diputación de Barcelona que, en principio, debían destinarse a dar asistencia técnica a países en vías de desarrollo, como proyectos de aguas y recogidas de residuos, en zonas desfavorecidas. Según las primeras estimaciones de la UDEF, al menos 10 millones de euros nunca llegaron a estos proyectos solidarios sino que sirvieron para el lucro personal y, presuntamente, para financiar el procés. El TSJC atribuye al entramado un fraude "mínimo" de dos millones de euros y no hace referencia a conexiones con el proceso independentista. Fuentes de la investigación destacan que varios de los implicados tienen un "fuerte compromiso independentista" y que algunos de ellos están al frente de empresas ligadas al proceso secesionista catalán.
Entre los presuntos implicados hay un aforado, el diputado de Junts per Catalunya en el Parlament de Cataluña Francesc Dalmases. La policía vincula al diputado Dalmases con el millonario fraude, realizado presuntamente a través de algunas de las entidades implicadas. El parlamentario es también integrante de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, miembro la Asociación IGMAN Acció Solidaria, director de la fundación CATmon, cuya web se encuentra fuera de servicio, y director de las revistas ONGC y Catalan International View. Las investigaciones de la UDEF revelan que el dinero de las subvenciones transitaba de forma anómala entre las cuentas bancarias de IGMAN , CAtmon y la sociedad mercantil Discatimat S.L, para finalmente ser reintegrado en efectivo o destinado a sufragar los gastos del procés o para terminar en cuentas personales de los investigados
Fuentes de la investigación añade que varios de las personas que van a ser arrestadas "son personas muy cercanas a Quim Torra", el nuevo presidente de la Generalitat. La mayor parte de los detenidos han ostentado puestos directivos y técnicos en organismos públicos catalanes. De confirmarse las sospechas de los investigadores, se destaparía una de las supuestas vías de financiación del procés, una de las cuestiones en las que la justicia ha tenido hasta ahora más problemas para recabar pruebas sólidas.
Hasta ahora, la investigación de la financiación del procés –encabezada por la Guardia Civil- había encontrado serias dificultades para recopilar pruebas sobre la presunta utilización de fondos públicos para pagar los gastos del 1 de octubre. En sus últimos informes, el Instituto armado apuntaba el desvió de 1,9 millones de euros, pero admitía que en buena parte el gasto no se había llegado a producir. Una de las pocas partidas de la que aseguraba haber encontrado pruebas –recogía facturas y pagos con tarjetas- era la destinada a financiar la estancia en Barcelona de observadores internacionales para el referéndum y que sufragó el Diplocat (Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña), un organismo dependiente del entonces consejero y hoy encarcelado Raül Romera.
En concreto, los agentes acreditaron el desvío de 192.368,86 euros. Parte de ese dinero fue enviado mediante transferencias a The Hague Center for Strategic Studies (encargado de aportar los observadores), al que se abonaron mediante este sistema 119.700 euros, y con el que había también un "compromiso de pago" por 47.365 euros. En el apartado de los observadores internacionales, la Guardia Civil incorporaba también lo que denomina "gastos vinculados con la logística" por el desplazamiento de estos a Cataluña para el 1-O. Según el desglose que hacen los investigadores, esta partida ascendió a 40.591,22 en hoteles, vuelos y “actos”. Los agentes situaban Romeva como el “responsable u´ltimo” de dichos gastos.