Que España es el portón de entrada del hachís, mayoritariamente enviado desde Marruecos, es un hecho más que constatado, quizás lo poco novedosos es que Afganistán parece que su sube al carro de los exportadores, y los grupos de delincuencia organizada (GDO) de esas latitudes, también quieren parte del inmenso pastel.
De junio (2017) a abril, en 10 meses, las grandes incautaciones policiales, prácticamente todas en las costas de Cádiz, superan los 80 kilos de hachís que, si las estimaciones están acertadas, sólo es el 50% (o menos) de la droga de este tipo que llega vía marítima y aérea, por lo que no es descabellado situar en cerca de 200 los kilos de resina que atraviesan la frontera hacia Europa.
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Una Unión Europea, alarmada, emite un documento: ‘Informe sobre los mercados de droga de la UE’, de EUROPOL que, aunque con datos de 2014 algo desfasados, es una aproximación a este mercado cambiante y en alza. Según sus estimaciones, los europeos pueden gastarse hasta 31 millones de euros en drogas, y unos 13 en cannabis (ellos no discriminan marihuana de hachís), lo que representa un 40% del mercado al menudeo.
Millón arriba, millón abajo, para los técnicos de EUROPOL, “los presupuestos para seguridad se ven cada vez más desplazados por otras prioridades, lo que crea una carga sobre los ya mermados recursos”, todo un hándicap en la lucha contra los narcotraficantes.
Además, dicen, “las administraciones públicas se ven perjudicadas por la corrupción de los funcionarios, de los miembros de los cuerpos de seguridad, de los de la judicatura y de los políticos; lo que ejerce un efecto corrosivo muy perjudicial, y favorece el mercado ilegal. La corrupción o la coacción es otra de las fórmulas utilizadas por los delincuentes”.
Una situación que empeora “en los países de producción o tránsito de drogas, a los que los delincuentes recurren, por sus débiles estructuras de gobierno”. Ante esta situación reflexionan: “En estos países, en los que puede haber menos alternativas para la generación de ingresos legales, deben integrarse políticas sobre drogas en los programas de desarrollo internacionales, para que estos sean efectivos”.
Esta reflexión y recomendación hace intuir que en EUROPOL se desconoce la reforma laboral que impera en España (al dictado de Alemania). Los técnicos europeos, subrayan que España “es el principal punto de entrada de resina de Marruecos”, y añaden: “(España) ha notificado recientemente (datos 2015), un aumento de las incautaciones de marihuana, lo que apunta a un crecimiento de la producción interior”; queda claro que el país está bien surtido, pero, ese, es otro tema.
El negocio parece que es imparable e imposible de cifrar, aunque algunos países de la UE, incluido el actual Gobierno español, lo asientan en el 5 o 6% del PIB, por tanto, el valor de las incautaciones es multimillonario.
Para llegar a la demanda, los exportadores de hachís utilizan cualquier forma y método. En general, tienen su base en Marruecos, donde negocian los envíos: cantidad y precio, y los narcos lo llevan a las costas en veleros, lanchas rápidas, motos de agua y avionetas, básicamente; sin descartar las entradas por frontera.
A partir de ahí organizan la entrada, receptación, traslado a guardería y distribución entre las células de la banda. Si el hachís llega a puerto, se espera la carga y se transporta en vehículos, con especial predilección por los todoterrenos robados, pero lo mismo pueden ser camiones, furgonetas o coches particulares.
De ahí, a la nave, garaje, piso, casa, zulo o finca donde se guardan los fardos perfectamente pesados, identificados y numerados; y comienza la distribución hacia otras provincias españolas y a Portugal. Después, el menudeo que llega al consumidor a una media de 10 euros el gramo.
La metamorfosis del crimen español ha dado en una especialización de los narcos en transporte, eludir policías, medidas de seguridad, sistemas tecnológicos, manejo de armas y en generar estructuras jerárquicas que, si bien conocen los investigadores, estos no siempre cuentan con los medios para desarticularlas.
Con la caída de una célula, surge otra nueva bien adiestrada. Casi todos han sido engrilletados alguna vez y los agentes conocen a la mayoría, lo mismo que ellos conocen a los agentes. La lentitud de la judicatura conlleva que los detenidos, muchas veces puestos en libertad con cargos, gocen de un tiempo extra para cerrar negocios y traspasar poderes, si es que no se han fugado y han trasladado el negocio a otras latitudes.