El Concierto Económico es un acuerdo entre el País Vasco y el Estado por el cual se regulan sus relaciones en materia fiscal y financiera. Está vigente de manera ininterrumpida desde finales del siglo XIX, a excepción del período de dictadura franquista, que lo suspendió en los territorios de Bizkaia y Gipuzkoa por considerarlas provincias traidoras al alzamiento nacional. Con la llegada de la democracia fue restaurado en 1981. Su última renovación data de 2002 y ha sufrido diversas actualizaciones, la más reciente aprobada en noviembre de 2017. El modelo está avalado por las Cortes Generales y se apoya en los antiguos fueros, normas basadas en usos y costumbres que rigieron durante siglos en las provincias vascas.
El convenio, que cumplió 140 años el pasado 28 de febrero, proporciona a Euskadi soberanía en lo que a gestión de impuestos se refiere, y esta autonomía fiscal le permite obtener sus propios recursos para financiar las competencias transferidas del Estatuto de Gernika. Tal es su peculiaridad, que en toda Europa solo Navarra cuenta con un sistema de similares características.
Las haciendas forales son las encargadas de tramitar la recaudación de los tributos. Tienen potestad para fijar sus propias normas en materia de deducciones, exenciones, tipos de gravamen, etc… , con total independencia de lo establecido por la legislación estatal. La Ley de Aportaciones, que se revisa cada cinco años, establece el reparto. A los ingresos obtenidos en cada ejercicio se le resta el importe del Cupo que Euskadi tiene que abonar al Estado. Del resto, el 70,04% se destina al Gobierno vasco y el 29,96% a las diputaciones, que a su vez envían una parte a los ayuntamientos.
El Cupo es el importe que la Comunidad Autónoma Vasca abona cada año por las competencias que desempeña el Gobierno central, como pueden ser Defensa, Corona, Asuntos Exteriores, amortización e intereses de la deuda pública, o aportación al Fondo de Compensación Interterritorial, que se reparte a las regiones con menor renta. Actualmente, está fijado en el 6,24% del gasto estatal en esas áreas, porcentaje que fue aprobado en el Concierto de 1981. En términos monetarios, el pasado año ascendió a 1.300,1 millones de euros.
Podrían establecerse similitudes con el funcionamiento de una empresa. Mientras los ingresos sean superiores a los gastos, todo irá bien y Euskadi logrará beneficios que le permitirán financiar sus instituciones y sus inversiones. Si por el contrario, la cuenta sale negativa, tendrá que seguir haciendo frente al pago del Cupo y asumirá sin ayuda estatal las pérdidas obtenidas.
[Sumario]
Está muy extendida la idea de que los vascos pagan menos impuestos debido a la vigencia del Concierto Económico, y nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que la presión fiscal en Bizkaia, Gipuzkoa y Alava supera a la media nacional para las rentas altas. Sirvan como muestra un par de ejemplos: en cuanto al IRPF, las haciendas forales establecen un tipo de gravamen marginal del 49%, frente al 43,5% del territorio común; y en Euskadi se tributa por el Impuesto sobre el Patrimonio, mientras que en Madrid está bonificado al 100%.
El Concierto está amparado por la Constitución española y el Estatuto de Gernika, y todos los partidos políticos lo defienden, a excepción de Ciudadanos, que lo considera un privilegio. La formación naranja ha anunciado a bombo y platillo que lo suprimirá en caso de llegar a la Moncloa. Esta medida es harto dificultosa ya que supondría, por un lado, un cambio en la Carta Magna, que exigiría dos tercios de los votos en el Congreso, la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones; por otro, implicaría la modificación del Estatuto, que solo puede hacerse con el visto bueno del Parlamento vasco, donde Ciudadanos no cuenta con ningún diputado. Y quizá la explicación haya que buscarla precisamente ahí. Si el partido de Albert Rivera tuviera representación en las instituciones vascas, ¿estaría utilizando el Concierto Económico como arma electoral?