De los últimos estudios presentados sobre la accesibilidad de la vivienda, los datos mostraban que aún quedan muchos retos para cumplir el Real Decreto sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y dotar a cada edificio de las medidas necesarias para que los inquilinos con discapacidad no vivan recluidos en sus viviendas. Aunque las ayudas para una vivienda accesible existen, aún queda pendiente la concienciación por parte de las Comunidades de Vecinos para adaptar los inmuebles antiguos y convertirlos en transitables tanto para personas mayores, como para los que padecen alguna discapacidad.
El no cumplimiento de la normativa de accesibilidad
En 2013 entraba en vigor la regulación para facilitar la inclusión social a las personas con discapacidad, donde las medidas más importantes estaban centradas en rehabilitar las viviendas antiguas y marcar las funciones arquitectónicas de los nuevos inmuebles y que en ambos casos, las viviendas fueran accesibles para los ancianos y las personas con alguna discapacidad. Tal normativa, obligaba a que las obras de remodelación se realizaran en un plazo de cuatro años, por lo que el 4 de diciembre de 2017 todos los edificios debían estar acondicionados.
A pocos días de cumplir 2 años desde la fecha límite, según el último estudio publicado hace un año por parte de la Fundación Mutua de Propietarios, nos encontramos que de cada 10 viviendas, solo 4 cuentan con rampas o medidas que permitan la accesibilidad de la calle al portal.
Del mismo análisis se descubre que de los casi 10 millones de viviendas españolas, solo un 0.6% cumplen totalmente con la normativa, pese a llevar dos años de retraso. Estas deficiencias afectan a todos los elementos que fomentan el acceso como los ascensores, rampas o porteros. Sin olvidar los garajes, que tan solo 18 de cada 100 son accesibles y la mitad de las plazas no están acondicionadas para personas con movilidad reducida.
¿Por qué no se está cumpliendo la ley?
Aunque tal normativa indica los condicionantes necesarios y obligatorios para asegurar la accesibilidad de las personas, la Ley de Propiedad Horizontal ofrece una alternativa de escape a las Comunidades de Vecinos si el coste de las reformas supera las 12 mensualidades de los gastos ordinarios de la Comunidad, ya que en estos casos es necesario el voto favorable de la mayoría de los propietarios y las respectivas cuotas de participación. Y es de entender que solo la instalación del ascensor si no supera esa cifra, prácticamente la iguala.
Por lo tanto, la situación actual y a dos años vista desde que todos los edificios debían estar acondicionados supone, en la mayoría de los casos, la ineficacia de la ley. Junto a esto, las ayudas destinadas a las Comunidades de Vecinos también se han visto mermadas o no sirven para convencer en la votación. Lo que se traduce en la indefensión legal de las personas con más edad y de los 4 millones de ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad.