Todas las grandes capitales europeas cuentan con planes para restringir el tráfico rodado por sus almendras centrales, a excepción desde esta misma semana de la capital de España tras la anulación del llamado Madrid Central, proyecto que estableció el antiguo equipo de gobierno de la ex alcaldesa Manuela Carmena.
Sabido era la obsesión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, desde su elección en mayo de 2019 de acabar con esta medida e inicio de inmediato, ya lo prometió durante la campaña electoral de las elecciones municipales, los trámites jurídicos para acabar con este plan que tenía como principales objetivos la de preservar la protección de la salud frente a los efectos de la contaminación atmosférica –una de las más elevadas en toda la Unión Europea– y contribuir a la reducción del ruido, el tráfico y a la lucha contra el cambio climático.
Si bien es cierto que a este proyecto le faltaron dos aspectos fundamentales y uno accesorio para mejorarlo: el abaratamiento del precio del transporte público en aras de fomentar su utilización, la creación de aparcamientos disuasorios y la reducción del impuesto de circulación.
Consecuencias de la anulación
Recién estrenado en su cargo en junio de 2019, el alcalde del PP puso en marcha las diligencias para demandar ante la justicia el plan Madrid Central. En julio de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón en primera instancia. Y esta misma semana el Tribunal Supremo ha ratificado el fallo inicial, tras un recurso presentado por Ecologistas en Acción.
¿Qué consecuencias tendrá esta anulación? Sin duda, una de las más perniciosas y trascendentes será el aumento nuevamente de la polución y el tráfico y, por ende, la abrupta disminución de la calidad del aire otorgándose a si mismo la triste etiqueta de ser la única capital del viejo continente que no cuenta con ningún plan anticontaminación.
A pesar del auto dictado, la anulación tardará aún dos meses en ser firme y hasta esa fecha el Ayuntamiento podrá seguir multando (90 euros) a los vehículos con etiqueta medioambiental B, C o sin etiqueta que no sean residentes o no estacionen en un parking dentro de los límites indicados en Madrid Central. Y las multas ya impuestas no decaerán porque el consistorio intentará aprobar en este tiempo una ordenanza municipal que evite que sean suspendidas.
Empresarios del ocio nocturno, hosteleros y comerciantes han sido los sectores más beligerantes contra Madrid Central indicando que perjudicaba seriamente a sus negocios y economías y afectaban a los desplazamientos en la propia ciudad y a los visitantes que llegaban a la capital.
Pero los menos han reparado en el rejonazo de muerte que se le va a dar al medioambiente, a la preservación de espacios impolutos, a la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo para los que habitan en la zona perimetrada y acabará con la reducción del 40% de las emisiones de dióxido de nitrógeno y el descenso del tráfico por encima del 20%.
Europa restringe
Por poner varios ejemplos de lo que sucede en Europa, Londres tiene un espacio implementado desde 2008 denominado Zona de Bajas Emisiones que ocupa unos 1.600 kilómetros aproximadamente, tres veces la capital de España. A esta zona solo se puede acceder tras el pago de una elevada tasa de 20 libras por día (23 euros) en concepto de canon.
Otras ciudades con peajes urbanos son Berlín, Copenhague o Estocolmo. Mientras que París, Roma o Lisboa cuentan con zonas de acceso limitado en función del etiquetado del vehículo. Y las más respetuosas con el medioambiente como Malmoe, Oslo o Bruselas han apostado por la peatonalización completa o casi del centro. Y así hasta 280 ciudades en Europa con planes de restricción al tráfico.
Mientras en Madrid dejará de estarlo.