El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, ha suspendido las normas por medio de las cuales se permitía que se llevara a cabo la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, también conocido como fracking.
Como se dio a conocer por medio de un documento de la sección Tercera de la Corte, aún existen dudas sobre la adopción de este mecanismo extractivo. “La autorización en Colombia de la técnica de estimulación hidráulica puede conllevar un daño potencial o riesgo al medio ambiente y a la salud humana, cuya gravedad e irreversibilidad se cimienta en la posible insuficiencia de las medidas adoptadas”.
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Igualmente, en el documento se asegura que “la parte considerativa de los actos administrativos muestra una orfandad de motivaciones en materia ambiental. En otros países este tema es importante, hasta el punto que este tipo de decisiones se han adoptado a través de comisiones de expertos que asesoran a los gobiernos para el efecto y de aplazamientos para adelantar los estudios pertinentes”.
Con esta posición, el Consejo aclara que la “ausencia de motivaciones ambientales en las normas suspendidas, cierne dudas sobre la reflexión profunda y seria que exige la autorización de una técnica con conocidos reparos ambientales”.
La medida cautelar de suspensión provisional del fracking aplicada se basa en el principio de que se debe aplicar “el principio de precaución, toda vez que aún cuando no existe certeza científica absoluta, sí hay pruebas mínimas de daños potenciales”.
Fracking en Latinoamérica
En Latinoamérica, según informa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), existen cerca de 5000 pozos de fracking. En Argentina, aproximadamente existen 2000 pozos. Mientras en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3350, aunque existen retos en materia de acceso a esta información. Por su parte, en Brasil se han firmado contratos que permiten la exploración y explotación, y en Bolivia se ha comenzado la prospección y los estudios de muestras de yacimientos no convencionales.
Como contraparte, Francia fue el primer país en prohibir la fractura hidráulica y lo hizo gracias a la presión que ejerció la ciudadanía. La Ley Jacob, aprobada a mediados del 2011, durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, prohíbe el uso del fracking para la exploración y explotación del gas de esquisto (un tipo de roca que contiene el hidrocarburo).