Para ello, se ha fijado como objetivos para 2019: mejorar la coordinación institucional para que la información en los sectores de la Administración esté disponible en el momento de la adopción de decisiones judiciales sobre la protección inmediata de las víctimas; estrategia de acompañamiento de las víctimas desde el momento de la denuncia hasta la fecha de celebración del juicio; estrategia de canalización de las denuncias de violencia de género por los cauces del enjuiciamiento rápido.