Además, ha emplazado a los partidos políticos a sacar el debate del acercamiento de los presos de ETA "de la pugna partidaria y demagógica, y llevarlo al terreno de los principios, de la legalidad y del consenso".
En un post de su Facebook, recogido por Europa Press, Urkullu ha considerado que "la defensa del alejamiento de personas presas es ajena a la legalidad y al principio humanitario que debe fundamentar la política penitenciaria". Ha advertido de que "la pena que deba cumplir una persona condenada por un delito, la establece el Juez en la sentencia". "Ninguna sentencia establece, como parte del castigo, que el preso deba cumplir su condena lejos de su entorno social o familiar", ha asegurado.
Por ello, ha afirmado que, "normalizar y defender el alejamiento en el cumplimiento de la condena es defender un castigo añadido y arbitrario que no está contemplado en el marco normativo". "La defensa del alejamiento es ajena a la legalidad. El artículo 12.1. de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece exactamente lo contrario", ha insistido.
El Lehendakari ha destacado que "la ubicación de las personas presas será fijada por la Administración Penitenciaria y en todo caso, se procurará "evitar el desarraigo social de los penados"". "La Constitución establece que el fin de la pena es la reeducación y resocialización de los penados. El objetivo de evitar el desarraigo social de los penados es, precisamente, favorecer su reinserción", ha asegurado.
Por ello, considera que "la defensa del alejamiento, además de ser ajena a la legalidad, es contraria al más básico sentido de humanidad". "Con el alejamiento, no se castiga a las personas presas, sino que se "dificulta-castiga" a padres, madres, abuelos, abuelas, hijos, hijas, hermanos y hermanas, que no han cometido ningún delito y que tienen derecho a visitar a su familiar preso en unas condiciones razonables desde el punto de vista humanitario", ha insistido.
Ha concluido con la defensa del "marco normativo, la legalidad, el principio de humanidad y la consolidación de la convivencia" como "bases en que se asienta la posición del Gobierno Vasco en materia de política penitenciaria".