Las decisiones judiciales se vuelven a colar en la agenda política de la Región de Murcia. Después de que el presidente Pedro Antonio Sánchez esté a un paso de la imputación por los casos ‘Púnica’ y ‘Auditorio’, ahora la consejera de Agricultura, Adela Martínez Cachá, ha recibido la citación del Tribunal Superior de Justicia murciano para que comparezca en calidad de investigada por el caso ‘Guardería’.
El asunto por el que el Tribunal ha llamado a la consejera tiene que ver con los acuerdos que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia aprobó en los meses de julio y octubre del año 2007 en relación al traslado primero y demolición después de la escuela infantil que se encontraba en el barrio La Paz de la capital del Segura. En ese momento Martínez Cachá era concejal del Consistorio murciano.
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El magistrado Enrique Quiñonero ha tomado la decisión de llamar a declarar a la consejera murciana después de que la Sala Civil y Penal del TSJ se declarara competente para investigar a Cachá por su condición de miembro del Gobierno regional. La declaración tendrá lugar el próximo viernes, 24 de febrero.
En el caso Guardería se investiga un presunto delito de prevaricación administrativa. Por este asunto también fue imputado el ex alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, quien siempre defendió que se actuó dentro de la legalidad y conforme a la ley.
Reacciones a la citación
Después de conocer la citación de la consejera de Agricultura desde la oposición no han tardado en mover ficha. Así, el secretario de Comunicación del Partido Socialista murciano, Emilio Ivars, ha pedido a Pedro Antonio Sánchez que cese a Martínez Cachá o, de lo contrario, que sea la propia consejera la que presente su dimisión.
En la misma línea del PSOE también se han pronunciado con anterioridad con insistencia desde Ciudadanos. Su portavoz en Murcia, Miguel Sánchez, ha recordado en varias ocasiones al presidente regional que debe cumplir el acuerdo de gobernabilidad suscrito con la formación naranja y que recoge que los miembros del Ejecutivo autonómico que sean investigados deberán dejar su cargo de forma inmediata.