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Presunta contratación de familiares de PP y Cs en el Ayuntamiento de Almería

Juan Carlos Pérez Navas, concejal y senador socialista

Según informa la agencia EFE, la Fiscalía Superior de Andalucía ha incoado diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) por la presunta contratación de familiares de representantes políticos del Ayuntamiento de Almería.

La denuncia señala que en 2013, cuando aún era concejal, el alcalde almeriense, Ramón Fernández-Pacheco (PP), votó a favor de adjudicar el contrato del servicio de limpieza urbana y playas por 110 millones de euros a la UTE Acciona-La Generala, que había contratado un mes antes de la confección de los pliegos de condiciones a la cuñada del regidor.

AMAyT, afirma EFE, cree que la cuñada del alcalde fue contratada, «previamente y ex profeso (…) para obtener este concurso» y señala la existencia de un «ambiente propicio para los intereses personales» de otros cargos sindicales, técnicos municipales y políticos como, según los denunciantes, los del portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla.

Considera que esta UTE se han convertido en una suerte de «oficina de empleo» y asegura que hubo una serie de familiares contratados tras el despido de 70 trabajadores que figuraban como eventuales en la bolsa de trabajo, entre ellos supuestamente el cuñado de Cazorla o el yerno del diputado provincial de C's Roberto Baca.

Asimismo, denuncia que siendo ya alcalde, Fernández Pacheco amplió el contrato de la UTE en dos ocasiones en menos de tres años, con una repercusión en los siete años que restan de concesión por importe de más 11 millones de euros y que a petición de C's incrementó estas subidas con la inclusión de una partida de 800 euros para 2018.

Según esta asociación, este incremente supera el 20 % del coste anual adjudicado y permitido por ley.

AMAyT incluye en los anexos de su denuncia una serie de transcripciones de grabaciones, también aportadas a la Fiscalía, que pretenden demostrar que hubo una negociación en la que participaron miembros del comité de empresa, de las secciones sindicales, técnicos municipales e incluso el concejal de Servicios, para negociar de forma previa a la concesión el pliego de condiciones, según EFE.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha lamentado que el Partido Popular haga que el Consistorio “sea noticia” por otras diligencias de investigación penal incoadas por la Fiscalía Superior de Andalucía relacionadas, en este caso y según lo que ha trascendido públicamente, con la presunta contratación de familiares del alcalde y del portavoz de Ciudadanos en la empresa concesionaria de la limpieza urbana y con que se haya supuestamente negociado “de forma previa a la concesión el pliego de condiciones”. Ante esto, los socialistas han considerado que se trata de cuestiones que “hay que aclarar con urgencia”.

En ese sentido, desde la bancada socialista han trasladado la “tristeza” que produce que el Ayuntamiento de Almería “sea siempre noticia por este tipo de cosas” y que el PP lo tenga en el foco de “la sospecha constante”. A partir de ahí, ha reclamado “que, lógicamente, se aclare lo antes posible” el asunto. “Desconocemos el contenido de la denuncia presentada y, por lo tanto, no podemos entrar en el fondo todavía de ella, pero es verdad que necesita una aclaración urgente y explicaciones”, ha añadido Pérez Navas.

En ese sentido, también ha puesto el acento en la necesidad de que “el Ayuntamiento no siga siendo siempre nombrado por cuestiones judiciales y en el ámbito de toda Andalucía, que el Ayuntamiento no sea noticia por este tipo de posibles situaciones que hay que aclarar y que hay que explicar” de manera inmediata.

Cabe destacar que esa consideración se refiere también a las diligencias previas instruidas por el juzgado de instrucción número 5 de Almería que investigan posibles delitos de cohecho; falsedad; tráfico de influencias; falsedad en documento público y financiación ilegal y en cuyo marco se requirieron hasta cuatro expedientes municipales en diferentes áreas por parte de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

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