La Ertzaintza, tras la denuncia interpuesta por la Hacienda foral de Gipuzkoa y bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción nº 3 de Donostia, ha culminado la operación ‘Martzi’, contra la delincuencia económica ejercida por un grupo del que se sospecha ha defraudado 40 millones de euros, al no declarar el IVA en la venta mayorista de carburantes.
Fianza
A esta red están vinculadas 11 personas, que han pasado por la autoridad judicial, como detenidas o investigadas, y de las que el ‘jefe’ se encuentra en prisión y el resto en libertad, todos con la obligación depositar fianza solidaria de 40 millones. La operación ha contado con la colaboración de los Mossos d`Escuadra y la Guardia Civil, ya que parte de los arrestos y registros se han llevado a cabo en Lleida o Madrid, así como de actuarios de la Hacienda foral guipuzcoana.
91 euros y 8 vehículos de lujo, alguno de ellos valorado en 100 euros, son parte de los bienes incautados a esa organización. Las cuentas bancarias y otros activos se han embargado judicialmente.
No pagar a Hacienda
El delito consistía en no ingresar a la Hacienda el IVA de la intermediación en la venta de carburantes que realizaba el grupo entre empresas petrolíferas y gasolineras ubicadas en el sur y el levante peninsular.
En cambio esas gasolineras sí deducían de forma legal las cantidades del IVA no tributado por la banda. Ese fraude les permitía ofrecer a las estaciones de servicio precios inferiores a los del mercado, lo que provocaba un grave perjuicio a los competidores que sí cumplían con las obligaciones fiscales.
Testaferros
Según la investigación esta trama constituyó una empresa a finales de 2015 y operó de forma ilegal durante 2016. La actividad continuó en 2017, a través de una segunda entidad comercial. En ambos casos, su titularidad se ocultaba a través de varios testaferros, que figuran entre los implicados.
La Ertzaintza comenzó a investigar por encargo del Juzgado de Instrucción nº 3 de Donostia, derivado de la denuncia nterpuesta por la Hacienda Foral de Gipuzkoa, quien llevó el caso a los tribunales y advirtió a la Agencia Tributaria estatal del proceder del grupo investigado
El caso fue asignado a la Sección de Delitos Económicos de la Ertzaintza que ha trabajado con el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa, y dos técnicos de la entidad foral guipuzcoana.
