La Unidad de Intervención Policial (Unipol) de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha incrementado el número de actas realizadas por sustancias estupefacientes en las calles del municipio. Esta labor preventiva que ejercen los agentes ha dado como resultado un total de 826 actas por drogas remitidas a la Subdelegación del Gobierno en Canarias.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del Ayuntamiento santacrucero, Florentino Guzmán,explica en na nota de prensa que este dato “supone, cuantitativamente, el mayor número de actas realizadas en los últimos años, un ejemplo más de la profesionalidad y el tesón con el que nuestros policías locales salen a la calle cada día”. Asimismo, enfatiza que la lucha contra el consumo o el menudeo de drogas en el municipio “también precisa de la colaboración ciudadana para tratar de erradicar esas conductas, especialmente porque en numerosas ocasiones, además de problemas para la convivencia pueden generar pequeña delincuencia e inseguridad”.
El concejal recuerda que muchos de los dispositivos preventivos sobre esta cuestión, tanto de uniforme como de paisano, que realiza la Unipol, “comienzan con la denuncia de ciudadanos particulares, de asociaciones de vecinos, de pequeños empresarios y también como fruto de la colaboración con Policía Nacional”.
Del análisis de los datos se desprende que el 69 por ciento de las actas levantadas por la Unipol el pasado año están vinculadas al consumo o tenencia de hachís; como segunda sustancia en este ranquin figura la marihuana, con el 15 por ciento; y a continuación la cocaína. El listado de otras drogas sigue, por las cantidades incautadas, con diverso tipo de pastillas, crack, heroína, MDMA y otras.
Una de las causas fundamentales del incremento de este tipo de actas se encuentra en el trabajo, a plena disposición, de la subunidad canina, con sus cuatro guías y los agentes caninos completamente operativos.
Repasando los últimos años hay que recordar que el aumento de este tipo de intervenciones arrancaba con las 93 actas puestas en 2013; 273 en el año 2014; subiendo a 334 en 2015; 646 actas como resultado del trabajo durante 2016; 677 en el año 2017; 587 en el ejercicio de 2018; y el ya mencionado aumento hasta las 826 actas del pasado año. Aunque las sanciones por esta cuestión las tramita la Subdelegación del Gobierno, se consideran como infracciones graves, y suelen llevar aparejada una multa que, como mínimo, se traduce en una cuantía de 601 euros.
