El PSOE de Carboneras ha celebrado el fallo de la Audiencia Provincia de Almería, que ha condenado al alcalde carbonero, Salvador Hernández, a un año de inhabilitación para empleo y cargo público, a raíz de la denuncia presentada por el PSOE en el año 2014. Esta denuncia estuvo motivada en la negativa del alcalde a facilitar a los concejales del Grupo Socialista el acceso a casi una treintena de expedientes y facturas por pagos a familiares o contrataciones millonarias realizadas por el Ayuntamiento de Carboneras que superan los 20 millones de euros, entre otra abundante documentación.
“La justicia vuelve a darnos la razón por segunda vez y el alcalde se tendrá que ir”, ha valorado el portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Luis Amérigo, quien ha anunciado que volverá a pedir la información que el alcalde se ha negado a hacer pública, al entender que la actitud del regidor, que “ha preferido enfrentarse a una condena antes que facilitar unos documentos”, podría deberse a que quizá intenta “ocultar posibles delitos”.
Amérigo ha destacado que “la justicia ha dado la razón a la denuncia planteada por el PSOE en 2014 y, con esta condena, confirma que hubo obstrucción por parte de Salvador Hernández, al negarnos importante información, que hoy todavía no hemos podido ver”.
El portavoz socialista ha lamentado que “Salvador Hernández haya preferido enfrentarse a una condena, que ha sido confirmada, antes que permitir que el PSOE pueda analizar la información que ha solicitado, lo que nos hace sospechar que esos documentos pueden ocultar posibles delitos. Por este motivo, el Grupo Socialista volverá a pedir por enésima vez la información que hasta ahora se nos ha negado de forma sistemática”, según ha avanzado.
Con esta condena a Salvador Hernández, que obligará a su destitución inmediata como alcalde y concejal de la Corporación, no terminan sus causas pendientes con la justicia, ya que, como ha recordado el portavoz socialista, “tanto Salvador Hernández como el concejal Felipe Cayuela están imputados en diversos procesos judiciales, por la contratación supuestamente ilegal de un miembro de GICAR (Grupo independiente de Carboneras); por una presunta trama urbanística con una empresa de asistencia técnica; por el convenio para una permuta de terrenos o por el derribo irregular de la pista cubierta del antiguo Simón Fuentes, entre otras investigaciones que se encuentran abiertas”.
