El escándalo está servido. Según la información publicada por eldiario.es, la presidenta de la Comunidad de Madrid consiguió el título del máster en Derecho Autonómico que estudió en el curso 2011-2012 con notas falsas. A Cifuentes le pusieron sendos notables en dos asignaturas en las que figuraba como no presentada. Las versiones del caso son contradictorias. Mientras el rector de la Universidad Rey Juan Carlos asegura que Cifuentes aprobó todas las materias del posgrado en 2012, desde la Comunidad de Madrid se insiste en que “se dejó dos o tres”, que superó en 2014.
Una funcionaria cambió las calificaciones “por orden de un profesor”. Los responsables universitarios lo achacan a un error en la transcripción. No se dieron cuenta hasta que la alumna solicitó su título en 2014, ¡dos años después de haber acabado el curso! ¿O es que no lo había terminado? Lo cierto es que Cifuentes solo abonó las tasas de matrícula en el curso 2011-2012, y en 2014 pagó el importe correspondiente a la expedición del título. Construir una coartada no parece sencillo.
¿Cuál será la actitud de doña Cristina? ¿Se hará la ofendida, como cada vez que se le piden responsabilidades? ¿Echará la culpa al machismo? ¿Dará explicaciones? Hasta ahora ha optado por guardar silencio, y esto dice muy poco en favor de su credibilidad. Horas después de publicarse la información ni siquiera ha utilizado, como en otras ocasiones, la red social twitter para desmentir lo ocurrido.
De confirmarse, se trataría de un hecho gravísimo que va más allá de la corrupción política, a la que nuestros dirigentes, por desgracia, nos llevan acostumbrando desde hace años. ¿En qué lugar quedaría la Universidad Rey Juan Carlos? No olvidemos que se trata de un centro público que depende de la financiación de la Comunidad de Madrid. ¿Dimitiría Cifuentes como le están reclamando los partidos de la oposición? ¿Le obligaría la dirección de su partido a hacerlo? No es este un país que se caracterice porque los cargos públicos renuncian a la poltrona, aunque se les pille con las manos en la masa.
A pesar de las pruebas documentales aportadas por eldiario.es, habrá que esperar. Desde luego, nos encontraríamos ante una enorme falta de respeto hacia todas aquellas familias que hacen un inmenso esfuerzo económico para que sus hijos puedan cursar un máster que les permita ser competitivos en un mercado laboral terrible, en el que los sueldos precarios constituyen la nota predominante. La presunción de inocencia es un derecho, pero el que calla, otorga. Por tanto, hable, señora Cifuentes. Explíquese. Ya está tardando demasiado.
