Cómo ven y explican en 'The New York Times' la situación actual en Cataluña

El problema español llega hasta el rotativo americano, que coloca en el mismo plano a ambas postura enfrentadas en Cataluña: independentistas y unionistas.
Laura Méndez Ugarte
España
09.09.2017
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El rotativo neoyorquino ‘The New York Times’ se ha hecho eco del enfrentamiento actual en Cataluña. Lo hace desde una perspectiva externa que facilita el hacerse una idea de cómo se ve el problema desde fuera. A continuación, la traducción del texto publicado por el diario más influyente del mundo:

La creciente batalla sobre la situación de Cataluña se ha deformado esta semana. Los legisladores catalanes votaron a favor de un referéndum del 1 de octubre sobre la separación de España. Luego, el Constitucional español declaró suspendida la votación, pero los políticos catalanes dijeron que seguirían adelante.

El lunes, día nacional de Cataluña, se espera que cientos de miles de ciudadanos independentistas salgan a las calles de Barcelona en un espectáculo de fuerza, que agite aún más las aguas.

Si todo esto suena como una receta para una crisis política impredecible y caótica que amenaza con empujar a España hacia un territorio desconocido, efectivamente así es.

“Esto se ha salido de control”, dijo Javier Solana, ex ministro de Asuntos Exteriores de España y ex secretario general de la OTAN. “Ya no estamos en una situación normal de conflicto político, donde los políticos pelean, pero al menos respetan las reglas del juego”.

Hace unas semanas, Cataluña fue escenario de un atentado terrorista que mató a 16 personas, la mayoría de ellas cuando una furgoneta atropelló a peatones en el paseo principal de Barcelona. La demostración de unidad que siguió no fue más que un breve espasmo.

Casi inmediatamente, los políticos catalanes y españoles, además de acusarse unos a otros por posibles fallos de seguridad, retomaron su lucha por las aspiraciones de la región.

Los líderes separatistas se enfrentan ahora a multas y suspensiones de su mandato si siguen adelante con el referéndum, que ha sido declarado ilegal por el gobierno central en Madrid, con el apoyo de los tribunales españoles.

Se han almacenado unas 6 urnas en un lugar secreto por temor a que la policía pueda confiscarlas. El Parlamento catalán ha tramitado las leyes rápidamente en medio de los paros de los unionistas y las objeciones de los propios abogados de la asamblea.

La determinación del primer ministro Mariano Rajoy se debe en parte a su exitosa resistencia a la presión catalana, incluso en noviembre de 2014, cuando Cataluña votó por última vez sobre la separación.

Pero la votación de 2014 fue una consulta no vinculante. Un poco menos del 40 por ciento de los votantes acudieron, y cerca del 80 por ciento de los que votaron lo hicieron por la independencia.

En esta ocasión, el gobierno catalán ha prometido que el referéndum será vinculante, incluso si es declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español e incluso si los opositores catalanes a la independencia lo boicotean.

Esto ha hecho que esta fase del enfrentamiento sea mucho más arriesgada.

El separatismo tiene profundas raíces históricas y culturales en Cataluña, que tiene un idioma distinto. El lunes, día de la patronal catalana, se conmemora una derrota catalana a manos de Madrid: la captura de Barcelona en 1714 por las tropas de Felipe V, el primer monarca borbónico de España.

En un momento dado, los legisladores nacionales españoles estuvieron a punto de apaciguar el sentimiento nacionalista catalanista al permitir a la región una autonomía especial. Pero cuando el Tribunal Constitucional español derogó ese estatuto en 2010, las tensiones pasaron a un primer plano.

La disputa se agudizó durante la crisis financiera después de que Rajoy rechazara una petición de Cataluña para reducir su contribución a un sistema fiscal español que transfiere dinero de las zonas más ricas a las más pobres.

La medida no hizo más que alimentar la sensación en Cataluña, la región económicamente más poderosa de España, de que Madrid estaba quedándose injustamente su riqueza.

España ha salido de su crisis bancaria para liderar la recuperación económica de Europa, con un producto interior bruto que se espera crezca por encima del 3 por ciento este año. Pero eso no ha frenado el impulso independentista en Cataluña liderado por legisladores separatistas que han mantenido una mayoría en la asamblea regional desde finales de 2015.

“Tener mejores datos macroeconómicos no significa que la gente tenga que gastar más y sentirse mejor”, afirmó Josep Borrell, economista catalán y ex dirigente del Partido Socialista Español. Como resultado, agregó, el leitmotiv separatista de que “España nos roba” sigue siendo un mensaje poderoso.

Sin embargo, Borrell se encuentra entre los que han criticado enérgicamente las afirmaciones separatistas de que una Cataluña independiente tendría un futuro económico brillante. Madrid y Barcelona están ahora encerrados en una lucha cuerpo a cuerpo en la que cada bando acusa al otro de un comportamiento antidemocrático.

Los separatistas dicen que Madrid niega a los catalanes el derecho democrático a votar sobre su futuro. Madrid dice que los separatistas están socavando la democracia al desobedecer las decisiones de los tribunales y violar la constitución.

En los últimos días, el gobierno de Rajoy ha emprendido acciones legales para garantizar que el poder judicial español declare nulas y sin efecto las leyes que los legisladores separatistas han aprobado antes del referéndum.

El jueves, Rajoy dijo a los alcaldes, cargos electos y funcionarios de Cataluña que su deber era “impedir o paralizar” un referéndum ilegal. Como líder de España, añadió, “haré todo lo necesario sin renunciar a nada” para detener el secesionismo.

En respuesta, Carles Puigdemont, el líder de Cataluña, dijo a la televisión catalana que ningún político o tribunal de Madrid podría detener el referéndum. El 1 de octubre, pronosticó, Cataluña será arrasada por un “tsunami democrático”, mientras sus calles se llenan de ciudadanos que votan a favor de la independencia. La democracia, argumentó Puigdemont, es “escuchar a los ciudadanos”, mientras que Rajoy está haciendo “otra cosa” amenazando con castigos, con el apoyo de jueces españoles.

Puigdemont y sus colegas parecen dispuestos a continuar su lucha aunque termine con su procesamiento.

Así sucedió en marzo con Artur Mas, ex dirigente catalán, que fue multado e impedido de ejercer su cargo durante dos años después de que un tribunal lo declarara culpable de organizar el último referéndum independentista. Esta vez el conflicto se complica aún más por el frágil control que ambos, Rajoy y Puigdemont, tienen sobre el poder.

Puigdemont encabeza una coalición separatista en la que su propio partido conservador, Convergencia, ha perdido peso, en parte debido a los argumentos sobre el secesionismo, pero también porque se ha visto envuelto en casos de defraudación.

Rajoy dirige un gobierno minoritario en Madrid y un Partido Popular conservador envuelto en escándalos de corrupción.

Hasta ahora, Rajoy se ha resistido a las peticiones de acciones más duras por parte de su electorado conservador, para utilizar los poderes de emergencia otorgados por la Constitución española para retomar el control administrativo de Cataluña.

Pero no ha descartado este paso, sobre todo si el gobierno de Puigdemont declara la independencia unilateralmente. Cualquiera de las dos medidas supondría una escalada significativa en el problema.

En esta etapa, independientemente de que el referéndum tenga éxito o no, Puigdemont y sus colegas políticos separatistas han aumentado las expectativas. Si ganan o si pierden, los separatistas aún podrían salir a la calle, advirtió Francesc de Carreras, un abogado constitucionalista que ayudó a lanzar Ciudadanos, un partido firmemente opuesto a la independencia.

“Deberíamos estar preparados para una versión catalana de Maidan”, dijo, refiriéndose a la plaza de Kiev que se convirtió en el centro de la revolución ucraniana en 2014. “Podría crear una situación aún más impredecible y tensa”, explicó. “Aunque el derecho a la protesta también debe ser respetado en una democracia”.

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