El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley que busca ampliar el número de delitos penados con prisión permanente revisable. En concreto, se quiere ampliar el número de supuestos de los ocho actuales a trece.
En el anteproyecto de ley, figuran como delitos penables con esta pena el asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver, el asesinato después del secuestro, la violación de un menor tras secuestrarle o torturarle, la violación en serie y los asesinatos producidos por incendios, destrucción de infraestructuras críticas o por liberación de energía nuclear o radiactiva.
La prisión permanente revisable, que se aprobó en 2015, ya se aplica en algunos casos de asesinato. Concretamente, se puede solicitar cuando la víctima es menor de 16 años o especialmente vulnerable, cuando el asesinato va acompañado de un delito sexual, cuando el asesino pertenece a una organización criminal, cuando hay varias víctimas (asesinato múltiple) o las muertes se producen en un ataque terrorista.
También están penados con prisión permanente revisable el homicidio del Jefe del Estado o su heredero, el homicidio de Jefes de Estado extranjeros y los crímenes de lesa humanidad.
Esta propuesta de reforma por parte del Gobierno responde, según el Ministerio de Justicia, a la demanda social. Una demanda defendida y alentada por las familias implicadas en casos como los de Marta del Castillo o Diana Quer.
Y al mismo tiempo que el Gobierno propone este anteproyecto de ley, otros grupos políticos se mueven también en el ámbito de la Justicia. El PNV ha pedido la derogación de la prisión permanente revisable, al permanecer en punto muerto el recurso que varios partidos de izquierda presentaron ante el Constitucional cuando se aprobó esta pena.
