El Gobierno remitió este jueves el Plan Presupuestario de 2021 a la Comisión Europea que incluye las previsiones del cuadro macroeconómico y la evolución de las finanzas públicas en un contexto de pandemia mundial por la COVID-19 sin precedentes en el último siglo.
El Plan Presupuestario parte de una situación de emergencia sanitaria y refleja el efecto de las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar el impacto económico, social y laboral de esta crisis. Unas decisiones que han permitido proteger la renta de los trabajadores y autónomos, ayudar a los colectivos más vulnerables y dar liquidez a las empresas y a las administraciones territoriales.
El objetivo del Gobierno, recogido en el documento enviado a Bruselas, es presentar en breve unos Presupuestos Generales del Estado para 2021 que sean el principal instrumento para la recuperación económica y social de España. Unos Presupuestos expansivos que combinarán el fortalecimiento del Estado del Bienestar y el impulso de la inversión con el inicio de una senda de reducción del déficit. Como ha recordado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la suspensión de las reglas fiscales no implica que el Gobierno renuncie a mejorar el saldo fiscal de la Administración Pública. Además, los Presupuestos serán el vehículo para canalizar más de 27 millones de euros procedentes de los fondos europeos en 2021 que financiarán las inversiones y reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno la pasada semana y que sentará las bases de un nuevo modelo productivo basado en la digitalización, la transición energética, la cohesión social y la igualdad.
La presentación del Plan Presupuestario se produce en un contexto inédito que ha llevado a la Comisión Europea a tomar medidas extraordinarias como la aplicación de la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para 2020, que también se prorrogará en 2021. Esta medida permite a los Estados miembros dejar en suspenso la senda de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis.
En línea con esta decisión comunitaria, el Gobierno de España ha aprobado la suspensión de las reglas fiscales de 2020 y 2021, como también han adoptado otros países europeos. Esto implica la suspensión de los objetivos de estabilidad para esos dos ejercicios, que serán sustituidos por unas tasas de referencia. En cualquier caso, el Ejecutivo mantiene en el Plan Presupuestario el compromiso de avanzar a partir del próximo año en una senda descendente del déficit.
De hecho, el documento recoge que el déficit en 2021 se situará en el 7,7% del PIB, lo que supone uno de los mayores descensos de la serie con una caída de 3,6 puntos respecto al dato de 2020. Esta reducción se produce en gran medida por la recuperación de los ingresos gracias a la mejor evolución del ciclo económico –con la estimación de un fuerte repunte del PIB- y a las medidas tributarias relacionadas con una fiscalidad más justa y progresiva, adaptada a las nuevas áreas de negocio y a los impuestos medioambientales.
En concreto, el Estado aprobará unas transferencias extraordinarias de 18.396 millones de euros para la Seguridad Social y de 13.486 millones para las Comunidades Autónomas. Es decir, el Estado asumirá 31.882 millones de déficit de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas.
Asimismo, la ratio de deuda pública sobre el PIB comenzará a reducirse en 2021 al situarse en 117,4%, frente al 118,8% de 2020.
El Plan Presupuestario contempla que la ratio de ingresos sobre PIB se sitúe en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020. Este descenso en la ratio es consecuencia del mayor aumento del PIB el próximo año, ya que los ingresos en términos absolutos en 2021 se incrementarán en 33.447 millones de euros respecto a 2020. Un aumento de los ingresos públicos que se explica por la mejora de la economía y la actividad y, en menor medida, por las medidas fiscales que se aplicarán a partir del próximo ejercicio.
El impacto estimado del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley contra el Fraude fiscal se sitúa en 6.847 millones en 2021 y en 2.323 millones en 2022 en criterio de caja. El documento enviado a las autoridades europeas también recoge otros ajustes fiscales como el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, cuyo objetivo es favorecer hábitos más saludables.
Para evaluar el techo de gasto hay que tener en cuenta distintas variables. En primer lugar, estaría el denominado techo de gasto homogéneo, que asciende a 136.779 millones. Supone un 7,2% más que el límite de gasto aprobado para 2020. Este incremento se debe a las mayores partidas para respaldar medidas como el Ingreso Mínimo Vital, mayores recursos para la dependencia o la educación. Este límite de gasto sí que admite la comparación con el anterior.
Sin embargo, hay que sumar otras partidas sin correspondencia en ejercicios anteriores. Es el caso de la transferencia extraordinaria de 31.882 millones para absorber la mitad del déficit autonómico y parte del déficit de la Seguridad Social, lo que eleva el techo de gasto hasta los 168.661 millones de euros.
Hay que recordar que los fondos europeos incrementan el techo de gasto, pero no tienen impacto en el déficit público, ya que se reconocen como un ingreso. Con todos estos factores, el límite de gasto no financiero total se sitúa en 196.097 millones de euros.
La mejora de la economía en 2021 también se refleja en la evolución del gasto. Así, el Plan Presupuestario contempla que la ratio de gasto sobre PIB pase del 53% en 2020 al 48% en 2021, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más.
