Según el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, la ley de ruptura que plantea la Generalitat de Catalunya es un auténtico “delirio jurídico” así como el resto de propuestas planteadas y que están pensadas para construir un nuevo sistema judicial catalán, en el supuesto caso de que Cataluña se estableciera como nación soberana independiente. Para García todo el corpus jurídico es un delirio ya que se parte de la base de que la desconexión se producirá sin respetar la ley.
El portavoz también ha cargado incluso con la manera de plantear el proyecto por parte de los jurista catalanes encargados de elaborar esta ley exprés. Según García no puede tenerse la seguridad de que ese diseño exprés sea tal y como se plantea porque se basa en la vía del hecho consumado que es lo que llevará a la declaración del Estado independiente catalán. Para la Unión Progresista de Fiscales no habrá ninguna clase de seguridad jurídica para los propios ciudadanos de ese supuesto estado porque la puede variar en cualquier momento y a discreción de la arbitrariedad de los impulsores de la propia independencia de Cataluña. Esta arbitrariedad contrasta con la necesidad de que para que se apruebe el propio Estatut de autonomía en el Parlament son necesarias mayorías de dos tercios y, para declarar un estado jurídico superior al del Estatuto los requisitos se rebajen a conveniencia.
García también se ha manifestado sobre la reforma judicial planteada en el borrador advirtiendo que: “cualquier intento de dirigir o domesticarlo es la pretensión de un gobierno autoritario”. Tal y como se plantea, la Generalitat ha previsto un sistema de elección de jueces y magistrados que, de facto y en la práctica, vulnerando cualquier principio de independencia judicial, sea el mismo Gobierno de la Generalitat el que posea el control del poder judicial, destrozando así el principio de separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, principio básico de cualquier democracia. Así sería el propio presidente de la Generalitat el que podría nombrar al fiscal general y al presidente del supuesto Tribunal Supremo catalán.
A este respecto sobre la vulneración de las competencias y la separación de poderes, Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, se ha manifestado alarmado: “No podemos aceptar desde ningún prisma que los jueces puedan ser nombrados y destituidos por el presidente de una comunidad autónoma” Para Rodríguez el único órgano competente para nombra y seleccionar s los jueces es, según la propia Constitución Española, el Consejo General del Poder Judicial. Rodríguez considera totalmente inaceptable la ley de ruptura ya que los jueces están y estarán sometidos a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente y el proceso que impulsa el Gobierno catalán es “inconstitucional” y se realiza al margen de la ley.
