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ESPAÑA | LA ADMINISTRACIÓN CONTRATA PERSONAL FIJO DISCONTINUO FUERA DE LOS PERIODOS DE CAMPAÑA PARA PUESTOS ESTRUCTURALES, LO QUE SEGÚN CSIC “SUPONE UN FRAUDE DE LEY”.

La AGE en peligro de extinción: 1338 menores de 30 años en una plantilla de 190.805

Por JAVIER-JULIO GARCÍA MIRAVETE. 15/03/2017

Un estudio realizado por CSIF denota que la Administración General del Estado (AGE) mantiene una plantilla envejecida y geriátrica

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Pocos empleados públicos y funcionarios jóvenes y muchos mayores al borde de la jubilación

La ‘cantera’ de jóvenes se ha reducido un 80% en 6 años y hay organismos donde solo trabaja una persona menor de 30 años. El grupo de titulación inferior a punto de desaparecer, con 241 efectivos, por el proceso de privatización de servicios. En este mismo sexenio ha aumentado el número mayores de 50 años hasta un 24% hasta alcanzar las 122.193 personas. En estos momentos, 28.000 (entre funcionarios y laborales) tienen más de 60 y se encuentran a las puertas de la jubilación.

Una situación alarmante y unos Recursos Humanos "vintage"

Según un informe de CSIF, a partir de los datos disponibles del Ministerio de Hacienda, en estos momentos tan solo hay 1.338 personas con menos de 30 años de una plantilla de 190.858 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos y diferentes áreas de actividad. Esto significa que, a menos que se diseñe una oferta de empleo público ambiciosa, nos quedaremos sin recambio de personal en nuestra Administración.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclamó ayer al Gobierno un plan de choque urgente para garantizar la viabilidad de la Administración General del Estado, que en apenas 6 años ha visto reducida en un 80 por ciento su ‘cantera’ de personal joven (menos de 30 años), como consecuencia de las políticas de recorte.

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, llevará su denuncia al Grupo de Trabajo dependiente de la de la Mesa General de las Administraciones Públicas, el próximo jueves donde reclamará que se elimine de una vez por todas la tasa de reposición y se lleve a cabo un plan de recursos humanos para afrontar esta situación de emergencia.

Según un informe de CSIF, a partir de los datos disponibles del Ministerio de Hacienda, en estos momentos tan solo hay 1.338 personas con menos de 30 años de una plantilla de 190.858 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos y diferentes áreas de actividad. Esto significa que, a menos que se diseñe una oferta de empleo público ambiciosa, nos quedaremos sin recambio de personal en nuestra Administración.

La situación es especialmente alarmante en algunos ámbitos, donde las personas menores de 30 años se pueden contar con los dedos de las manos: Patrimonio Nacional (1 persona), Fomento (4) o el Ministerio de Industria (9)

Efectivos de menos de 30 años por ámbitos

AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE 12

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 98

DEFENSA 40

ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD 219

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 232

Área Docencia No Universitaria 170

Resto de Personal 62

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 98

Seguridad Social 31

Resto de Personal 67

FOMENTO 4

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 172

A.E.A.T. 120

Resto de Personal 52

INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO 9

INTERIOR 172

Área Centros Penitenciarios 140

Resto de Personal 32

JUSTICIA 37

PRESIDENCIA 14

Área Patrimonio 1

Resto de Personal 13

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 31

Seguridad Social 26

Resto de Personal 5

Cada vez más funcionarios y empleados públicos superan los 60 años bordeando la jubilación

Por el contrario en los últimos 6 años el número de personas mayores de 50 años ha aumentado un 24% hasta alcanzar las 122.193 personas. En estos momentos, 28.000 (entre funcionarios y laborales) tienen más de 60 y se encuentran a las puertas de la jubilación.

Desde CSIF, esto responde a una estrategia bien planificada para cambiar el modelo de nuestras administraciones públicas mediante la no reposición del personal que se jubila. De esta manera, desde 2010 (año en el que se empezó a destruir empleo) se han perdido 32.591 puestos de trabajo en la Administración General del Estado (180.000 en el conjunto de las Administraciones Públicas y 300.000 en términos de Encuesta de Población Activa).

La ‘cantera’ de jóvenes se ha reducido un 80% en 6 años y hay organismos donde solo trabaja una persona menor de 30 años. El grupo de titulación inferior a punto de desaparecer, con 241 efectivos, por el proceso de privatización de servicios. En este mismo sexenio ha aumentado el número mayores de 5

Por otra parte, CSIF ha detectado que se ha producido una pérdida mayor de personal laboral respecto del personal funcionario, lo que evidencia el proceso de privatización de servicios que se está produciendo en la Administración.

Además, los grupos de titulaciones inferiores son los que han sufrido el mayor descenso, el grupo E se encuentra al borde de la desaparición, con 241 efectivos.

Mayor pérdida de trabajo en personal laboral

Sector AGE 2010 2016 Variación

Funcionarios 164.136 145.660 18.476

Laborales 70.059 56.907 13.152

Los grupos de titulación inferiores, al borde de la desaparición

2016 2010 Variación

A1 18.570 20.764 2.194

A2 23.457 26.202 2.745

C1 53.491 59.750 6.259

C2 37.602 44.024 6.422

E 241 551 310 (en 2016 se jubilan 112)

Esta situación se debe a la privatización de la limpieza, la hostelería y control de acceso. De esta manera, se ha deteriorado y abaratado el empleo público, mientras que se incrementa el capítulo 2 (inversiones) de los presupuestos, como consecuencia de los contratos con empresas privadas.

Además, se producen conflictos ya que conviven empleados de la Administración con la plantilla de empresas privada, lo que genera numerosas denuncias por cesión ilegal de mano de obra.

Situación por departamentos

La situación por el déficit de personal ya está teniendo sus consecuencias en diferentes ámbitos:

Seguridad Social. Cierre de oficinas por falta de personal. La Seguridad Social pierde un empleado público cada cuatro días desde 2012 (un total de 333), bien porque se han jubilado, bien porque se han trasladado a otro destino por el deterioro de las condiciones laborales.

Privatización de la gestión de datos sensibles como son las vidas laborales o la tarjeta sanitaria europea.

SEPE. Incremento de la carga de trabajo (1.700 expedientes/gestiones/consultas al año por persona, 300 por encima de la marca idónea que establece la propia Administración para realizar una correcta atención al ciudadano). Estamos en una media de 10 minutos de atención al ciudadano por cada expediente tramitado. Además, se afrontan situaciones de inseguridad en el puesto de trabajo. En los próximos 5 años, previsiblemente se jubilará el 40 por ciento de la plantilla.

Oficinas de renovación del DNI. En las grandes ciudades hay una demora de hasta dos meses para pedir cita.

Ministerio de Defensa. Privatizaciones. El mantenimiento de vehículos blindados está en manos privadas. El Centro Militar de Farmacia de la Defensa, recientemente trasladado a Colmenar Viejo, aún no se ha podido poner en marcha por falta de personal.

Dirección General de Tráfico. Se están mermando las plantillas a un ritmo alarmante. En estos momentos hay 924 vacantes sin cubrir, lo que se traduce en menos funcionarios en ventanilla, esperas, colas, malestar y quejas de los ciudadanos. Además, se ha mermado la plantilla de examinadores de tal manera que hay provincias donde solo hay un examen práctico al mes.

CSIC. Reducción de las plantillas de investigadores. Abuso de la contratación de personal interino.

Agencia Estatal de Meteorología. Las oficinas meteorológicas de aeropuertos y de defensa se han visto afectadas igualmente por el déficit de personal. El nivel de jubilación está entre 80 y 100 personas al año y el déficit de personal se suple con incremento de horas de trabajo y personal interino de menor cualificación. Hay oficinas meteorológicas que solo están atendidas por interinos y una misma persona funcionaria se tiene que hacer cargo de la jefatura de varios centros.

Instituto Nacional de Estadística. Desde 2012 no hay oferta de empleo público, lo que ha provocado el consecuente envejecimiento de plantillas. Hay provincias como Cuenca, Lérida, Guadalajara o Ávila que están bajo mínimos.

La Administración contrata personal fijo discontinuo fuera de los periodos de campaña para puestos estructurales, lo que según CSIC “supone un fraude de ley”.

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