El Gobierno está entre dos aguas. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2019 (PGE) es fundamental para la permanencia de Pedro Sánchez en La Moncloa y, por ello, el Ejecutivo está haciendo pequeños gestos hacia los acusados del procés -tal y como pidió Oriol Junqueras para que ERC apoyara el plan presupuestario en el Congreso-. Sánchez afirmó el pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que los políticos independentistas que impulsaron el referéndum ilegal del 1-O y la declaración fallida de la República de Cataluña que pudieron no incurrir en el delito de rebelión. No obstante, frente a las críticas por parte de la oposición y de parte de la población hacia esta afirmación, el presidente prefirió rectificar durante su estancia en Milán y recordó que ni él ni su gobierno puede interferir en el poder judicial.
El presidente ha concedido una entrevista al diario italiano Corriere della Sera, donde aseguró que afrontaba el conflicto catalán con distancia porque la sentencia del procés, sea cual sea, "tendrá un impacto político". "Somos un estado social democrático y legal", añadió el líder del Ejecutivo.
La Abogacía del Estado y la Fiscalía presentarán esta semana en el Tribunal Constitucional sus escritos para posicionarse respecto a los presos independentistas -Oriol Junqueras, Jordi Cuixart o Jordi Sànchez, entre otros-. Tendrán que decidir entre el delito de rebelión -pensado con hasta 30 años de cárcel- o de sedición -con una pena mucho menor, de hasta 15 años-.
