Dejan en la calle a una persona en tratamiento por enfermedad mental

El derribo sin previo aviso de una casa en El Puerto de Roquetas acabará en los tribunales
Iñigo Mas Greño
España
18.06.2018
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El derribo sin previo aviso de una casa en El Puerto de Roquetas la tarde del pasado Jueves 7 de Junio llegará a los tribunales de Justicia tras solicitar la familia afectada los servicios de un abogado que defienda sus derechos. Entonces una mujer fue asistida en el servicio de Urgencias de un centro de Salud, tratada de un ataque de ansiedad, y se presentó denuncia en la Guardia Civil de los vecinos afectados que aseguraban que no fueron avisados con antelación por lo que buscaban un letrado para su caso. Estos vecinos pararon por la fuerza los trabajos de una pala excavadora que estaba finalizando de derruir el edificio en la tarde del viernes tras haberse derribado la mayor parte del mismo a última hora de la tarde del jueves anterior, “sin previo aviso, aprovechando que nuestro hermano de 43 años, en tratamiento por enfermedad mental, estaba fuera”, asegura Ana Cortés Rodríguez, una de las afectadas, que junto a su familia se plantó ante la máquina obligando al operario a detenerse.

La familia Cortés Rodríguez, que llevaba viviendo allí desde 1984, se había concentrado a las puertas del ayuntamiento de Roquetas de Mar a las tres de la tarde del viernes 8 de Junio con la intención de que el alcalde Gabriel Amat les explicara el motivo del derribo de su vivienda la tarde anterior, un hecho del que se habían enterado al avisarles los vecinos. Poco después les anuncian que una pala excavadora se encuentra en el solar ya casi desierto e inmediatamente se desplazan hasta allí para paralizar los trabajos de derribo de lo poco que quedaba de su casa familiar, donde habían nacido, se habían criado y vivido durante más de 30 años, una familia gitana de seis hermanos -cuatro chicas y dos chicos- cuyos padres murieron cuando ellos eran todavía unos niños, conocidos de siempre por todo el barrio. Aprovechando que no había nadie en el inmueble se produjo el derribo.

Los hechos del derribo de su casa se repiten, porque según Ana Cortés la vivienda les fue entregada por el ayuntamiento roquetero en compensación en 1984 cuando su domicilio anterior fue también derribado por el entonces ministerio de Obras Públicas para hacer la carretera general. “El propio alcalde Martínez Romera le dio a mi padre la llave de la casa, y nos hemos criado aquí toda la familia. El problema radica en que unos vecinos nos han acusado de okupas porque quieren construir en viviendas en este solar. Pero había un acuerdo escrito con Gabriel Amat para que no nos echaran de aquí hasta que nos encontraran otra casa y ahora sin que nadie nos haya avisado nos hemos encontrado con que la casa de nuestros difuntos padres se ha convertido en escombros y ruina de la noche a la mañana. ¿Quién nos devuelve ahora nuestros recuerdos, las cosas personales, lo más querido que teníamos? ¿Dónde va a vivir mi hermano, en una tienda de campaña?”, clamaba con rabia Ana Cortés acompañada de varios familiares.

Esta fuente asegura que en ningún momento se les ha avisado del inminente derribo, incluso que “la última vez que hablé con el abogado me aseguró que todo iba bien, que teníamos el caso ganado porque había documentación que refrendaba que no somos okupas y que la casa era propiedad del ayuntamiento, quien permitía que viviéramos allí hasta que los vecinos que quieren construir las viviendas nos ofrecieran otra casa”.

Según el gabinete de Prensa del ayuntamiento de Roquetas de Mar, el derribo es legal y cuenta con la licencia municipal pertinente, pero se trata de un conflicto interno entre dos propietarios privados, por lo que aseguran que no hay responsabilidad municipal. Según documentación firmada ante notario a la que ha tenido acceso este diario, la casa era propiedad del ayuntamiento, que la cedió en permuta con la condición escrita de que se solucionara el problema de vivienda para la familia ahora desocupada, una cláusula que no se ha respetado al derribarse el inmueble. “Han estado años diciéndonos que estaban buscándonos casa, pero por lo visto todo este tiempo nos han tenido engañados”, se lamenta Ana Cortés.

Según documentación que obra en poder de Ana Cortés, en 2007 el alcalde Amat cedió el inmueble derribado a un vecino colindante de los ahora desalojados, con el objetivo de construir viviendas en el solar. Se trata de una zona, conocida popularmente como ‘casas de los maestros’ en las que ambas familias en litigio eran vecinas. “Pero si hasta nos han criado de pequeños, y tuvimos que ir a juicio porque nos acusaron de ser okupas, pero se demostró que nos conocían de toda la vida”, se lamentaba Ana Cortés, una limpiadora de apartamentos que tuvo que pedir el día libre en el trabajo para hacer frente a estos acontecimientos. El propio alcalde Gabriel Amat cedió un abogado a la familia de Ana Cortés para que ganara el juicio en el que se les acusaba de okupas.

Según Ana Cortés el alcalde Amat finalmente le recibió “y se mostró muy afectado porque se considera también engañado por haberle hecho creer que ya había acuerdo conmigo sobre una compensación por el derribo, cuando en realidad nunca se nos ha buscado otra casa. Amat conocía a mis padres y se emocionó por la situación e incluso me recomendó que les demandara por el derribo. Hemos perdido todos nuestros objetos personales de la familia y de mis padres fallecidos. No hay dinero que pague eso. Ni siquiera nos han dado tiempo para sacar las cosas. Nos han tratado peor que a animales”.

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