PROVINCIAS | REUNIÓN DECISIVA

Cumbre para el futuro político de Murcia con las posiciones enfrentadas

Por ALBERTO GÓMEZ AVILÉS. 01/03/2017

El PP quiere mantener al presidente, como mínimo, hasta que declare y Ciudadanos exige la marcha inmediata de Pedro Antonio Sánchez.

PP
Murcia
Sánchez
Ciudadanos
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El presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánhez, y el portavoz de Ciudadanos en Murcia, Miguel Sánchez, en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional.

Antes de que el lunes, 6 de marzo, el presidente de la Región de Murcia preste declaración por el caso Auditorio en el Tribunal Superior de Justicia Pedro Antonio Sánchez deberá hacer frente a otro encuentro decisivo para conocer su futuro político. El dirigente del PP se verá las caras el jueves, 2 de marzo, con el portavoz de Ciudadanos en Murcia, Miguel Sánchez.

La cita tendrá lugar a las 12:30 horas en un receso del pleno previsto para esa jornada en la Asamblea Regional. El escenario que albergará la reunión será el Palacio Aguirre de Cartagena. Este careo tiene una importancia capital para el futuro político regional porque confrontarán opiniones el presidente y el representante que le sirve de apoyo en el parlamento para la toma de las principales decisiones como fue, por ejemplo, la reciente aprobación de los presupuestos autonómicos para el ejercicio 2017.

Lo cierto es que, a priori, la postura que defenderá cada uno de los Sánchez es conocida. Pedro Antonio (PP) intentará hacerle ver a su interlocutor que está facultado para seguir en la Presidencia hasta, como mínimo, cuando declare en el TSJ. Es más, los populares sostienen que el presidente no debe correr peligro en su puesto hasta que se produzca una hipotética apertura de juicio oral por el caso Auditorio.

El abogado de la acusación particular siembra la duda sobre la imparcialidad del juez del caso Auditorio

Miguel Sánchez (Ciudadanos), por su parte, va a la reunión con la idea clara de trasladar a Pedro Antonio que debe dimitir ya porque así se recogió en el pacto de investidura firmado en junio de 2015. Desde la formación naranja consideran una labor de funambulista la que realiza el PP cuando se agarra a que la imputación solo es una fórmula para que el presidente se pueda defender y dar explicaciones. En Ciudadanos sostienen que la figura de investigado en la actualidad equivale a la de imputado en la anterior legislación y por ello exigen la salida de Sánchez (Pedro Antonio).

De lo que no son partidarios en el partido de Rivera en Murcia es de que el PP tenga que dejar de gobernar y apuestan porque la formación de Rajoy elija otro candidato de entre los diputados regionales de los populares en el Parlamento regional. Ciudadanos se muestra confiado en que Pedro Antonio se irá, pero no ponen una fecha límite para que esto se produzca ni detallan qué harán si el presidente se enroca en el puesto y no atiende a lo pactado.

Podemos y PSOE

Como actores secundarios a la reunión PP-Ciudadanos, pero con aspiraciones de ser protagonistas en la política murciana observan lo acontecido Podemos y Partido Socialista. Los dos piden con vehemencia la salida de Pedro Antonio. Los primeros amagan con organizar una moción de censura que ya han abordado con el PSOE y los segundos cargan las tintas contra Ciudadanos por conceder al presidente una prórroga que no está justificada en su opinión y que lleva a que a día de hoy Sánchez siga siendo presidente.

Con independencia de la letra pequeña que salga resultante de la reunión prevista la oposición ha movido sus hilos durante los últimos días para intentar que Pedro Antonio no llegara como presidente a la cumbre con Ciudadanos. Especialmente tenso fue el pleno que reunía esta semana a los miembros del Consejo de la Transparencia de Murcia en el que finalmente no se pidió la dimisión de Sánchez pese a la insistencia de los socialistas, por ejemplo.

El Consejo puso de manifiesto lo limitado de sus competencias al no poder exigir el cumplimiento inmediato de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia que recoge en su articulado que todo cargo público deberá dejar de serlo cuando se encuentre imputado por un caso de corrupción política.

Alcalde de Ceutí

Para contrarrestar el impulso de la oposición desde el PP murciano se agarran una vez más a las denuncias archivadas contra ellos. La última que se ha conocido es la que presentó el PSOE contra el alcalde del municipio de Ceutí, Juan Felipe Cano, al que se le atribuían cuatro delitos presuntamente cometidos en el trámite administrativo de la enajenación de una parcela. El juez no ha encontrado nada punible contra el primer edil popular.

Sobre esta cuestión el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Víctor Martínez, ha recordado que Cano declaró por este asunto en noviembre de 2016 y no dimitió y ahora se ha demostrado su inocencia. El mandatario del PP regional eleva hasta ochenta las denuncias contra su formación que han sido archivadas y por eso defiende que Pedro Antonio Sánchez no debe dimitir. Al menos no todavía.

Excepción en el PP

Sin embargo, no todos en el PP reman en la misma dirección. Así quedó de manifiesto en la reunión esta semana del pleno municipal del Ayuntamiento de Molina de Segura dónde el concejal popular Miguel Ángel Rodríguez rompió la disciplina de voto y apoyó una moción de Podemos para instar al presidente a que dimitiera. La petición fue aprobada por mayoría absoluta y el edil díscolo ha pedido la baja como miembro del PP mientras que en la formación de Pedro Antonio le han pedido que entregue su acta de concejal.

Por otra parte, la reunión entre populares y naranjas por el futuro político de Murcia tendrá lugar un día después de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, haya comparecido en el Congreso de los Diputados para ofrecer explicaciones por los cambios comunicados en varias fiscalías y por las acusaciones de que Pedro Antonio Sánchez había recibido trato de favor por parte de la Fiscalía en el caso Púnica.

Maza defendió la "imparcialidad" del Ministerio Público y negó que recibiera presiones de ningún tipo para que no se imputara a Sánchez en la Púnica. El siguiente que deberá dar explicaciones sobre estos mismos asuntos será el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Lo hará en el Senado.

Sombra sobre el magistrado

La verdad es que la mancha de la parcialidad en favor de Pedro Antonio Sánchez ha llegado a salpicar hasta al magistrado que llevará el caso Auditorio en el TSJ murciano, Julián Pérez-Templado. La sospecha la ha vertido el abogado Marcos Sánchez que ha pedido por escrito que el juez no se encargue de la instrucción del caso por dudar de su imparcialidad después de que intentara reducir en el auto que dictó hace unos días, aduciendo un error, el número de delitos que se le imputan al presidente.

Este mismo abogado es el que representa la acusación particular del caso Auditorio que incluye a ex concejales del PSOE de la localidad de Puerto Lumbreras y que han solicitado que se aplace la fecha de la declaración del presidente para que se puedan recabar pruebas con el objeto de que se le impute a Pedro Antonio un nuevo delito. En este caso el de infidelidad en custodia de documentos. Hasta el momento se le atribuyen cuatro delitos a Sánchez.

Con este escenario llega el encuentro entre PP y Ciudadanos que debe ayudar a arrojar luz al futuro del presidente regional de Murcia. Las posturas de cada uno parecen muy bien definidas, pero del entendimiento común se espera que se logre una decisión que puede marcar el devenir político en tierras murcianas e incluso a nivel nacional.

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